Autor: Felipe Pigna. Editorial Caras y Caretas, mayo 2006.
Mayo es un mes marcado por una historia, una tradición de lucha que arrancó un primero de mayo de 1886 allá en Chicago, cuando un grupo de trabajadores organizó una movilización popular en reclamo de la jornada de ocho horas en una época en que lo “natural” era trabajar entre 12 y 16 horas por día. La mayor democracia del mundo respondió brutalmente y, fraguando un atentado, encarceló a un grupo de militantes populares en los que intentó escarmentar a toda la clase trabajadora de los Estados Unidos y por qué no, de todo el mundo. Tras un proceso plagado de irregularidades, fueron detenidos los dirigentes anarquistas Adolph Fisher, Augusto Spies, Albert Parsons, George Engel, Louis Lingg, Michael Schwab, Samuel Fielden y Oscar Neebe. Los cuatro primeros fueron ahorcados el 11 de noviembre de 1887. Lingg prefirió suicidarse con una bomba que él mismo había preparado en la cárcel antes de padecer la “justicia del sistema”. Miguel Schwab y Samuel Fielden fueron condenados a prisión perpetua y Oscar Neebe a 15 años cárcel. Miguel Schawb dijo al escuchar su condena que reconocía a aquel tribunal ninguna autoridad y que su lucha y la de sus compañeros era de una justicia tan evidente que no había nada que demostrar y que ellos luchaban por las 8 horas de trabajo pero que: “Cuatro horas de trabajo por día serían suficientes para producir todo lo necesario para una vida confortable, con arreglo a las estadísticas. Sobraría, pues, tiempo para dedicarse a las ciencias y el arte". Porque, claro, las ciencias y el arte deben ser para todos. Pasaron 109 años de aquellos crímenes de Chicago y pasó mucha agua y mucha sangre bajo el puente. Los obreros de todo el mundo eligieron el primero de mayo como jornada de lucha, de recuerdo de sus compañeros y de lucha por sus derechos, de ratificación de su condición de ciudadanos libres, con plenos derechos, según decían las propias constituciones burguesas que regían la mayoría de los Estados modernos. En nuestro país cada primero de mayo nuestros trabajadores tomaron las calles desafiando al poder, recordándole que existían y que no se resignarían a ser una parte del engranaje productivo. La lucha logró la reducción de la jornada laboral, las leyes sociales y la dignificación del trabajador. El poder se sintió afectado y en cada contraofensiva cívico-militar como las del 55; 62; 66; 76 y 89 (esta vez a través del voto), pretendieron y en ocasiones lo lograron, arrasar con las históricas conquistas del movimiento obrero. Persecuciones salvajes, secuestros, torturas y desapariciones, durante los gobiernos golpistas, amenazas de despidos, rebajas salariales, precarización laboral y la complicidad de algunos dirigentes sindicales, son en los últimos años las armas del poder para mantener y aumentar su tasa de ganancia a costa del sudor ajeno. Un incendio, un “accidente” en un taller textil puso a la vista de una sociedad que tiene una cierta tendencia a la mirada para otro lado: hay esclavos en el siglo XXI, y los hay acá, en Argentina. Trabajadores esclavos, sin derechos pero con muchas obligaciones. El capitalismo salvaje, para algunos una redundancia, nos extorsiona: quieren ropa más barata, éste es el precio. La realidad es otra, márgenes de ganancia escandalosos, avaricia sin límites, un Estado que hace la vista gorda, pero sobre todo la pérdida de valores básicos como la solidaridad, abonada en los 90, épocas hasta donde las leyes que protegían a los trabajadores se volvían tan “flexibles” como inflexibles se volvían las leyes que garantizaban el enriquecimiento ilícito de los funcionarios a los que se les pagaba sueldos y sobresueldos con la excusa de defender los derechos de los ciudadanos e inflexibles se volvían las seguridades jurídicas que, como sabemos, sólo son para los dueños del poder y las cosas. La esclavitud debe dolernos a todos, debemos volver a aquel humanismo que supimos conseguir, a dolernos y solidarizarnos con los más desprotegidos, aquel humanismo que proclamaba el Libertador San Martín cuando abolía la esclavitud en el Perú un 12 de agosto de 1821: “Una porción numerosa de nuestra especie ha sido hasta hoy mirada como un efecto permutable, y sujeto a los cálculos de un tráfico criminal: los hombres han comprado a los hombres, y no se han avergonzado de degradar la familia a la que pertenecen vendiéndose unos a otros. Las instituciones de los pueblos bárbaros han establecido el derecho de propiedad en contravención al más augusto que la naturaleza ha concedido.”
Autor: Felipe Pigna. Editorial Caras y Caretas, mayo 2006.
jueves, 30 de abril de 2009
miércoles, 8 de abril de 2009
Eduardo Aliverti
Claroscuros
Alfonsín es una de las figuras más difíciles de totalizar, analíticamente, que haya dado la historia argentina. El periodista, éste, lo afirma en lo general y en lo personal. A cada paso en que se está a punto de defender su trayectoria, algo frena y dice “no, fue un transero que acabó siendo funcional a los intereses de la derecha”. Y a cada paso en que se queda al borde de decir eso, se dice “pero bueno, fue un tipo decente, con muchas limitaciones propias y ajenas, que hizo o supo hacer lo que pudo dentro de las fronteras de este sistema”.
Esa antítesis es, quizá, un correcto punto de partida para evaluar a Alfonsín. O sea: ubicar el lugar desde el que puede juzgárselo. Y hay dos lugares. Uno es el de lo que debió haber hecho visto con una perspectiva marcadamente ideológica, implacable, poco menos que ascética, digamos que de izquierda en la acepción más global pero también más precisa de ese término respecto de su carácter humanístico, solidario, valiente, movilizador. El lugar, vamos, gracias al cual la izquierda es mejor que la derecha. Desde ahí, desde ese sitio válido, Alfonsín defeccionó. Se rindió o jugó mal, como se quiera. Pero, en cambio, si lo vemos desde una mirada igualmente legítima en cuanto a honestidad intelectual, basada en que no fue ni podía ser más que lo dictaminado por su condición de político burgués, provinciano, lejano a todo contorno de líder revolucionario, puesto en circunstancias muy tironeantes, resulta que hizo más de lo que podía esperarse. Desde ese lugar y desde 1983, Alfonsín y Kirchner, por ponerlo en nombres concretos, representan lo más a la izquierda que comprobablemente se banca esta sociedad sin que eso quiera decir que uno haya sido, y el otro sea, de ese palo. Con la mirada uno, Alfonsín promovió las leyes de impunidad cuando, al margen de varas morales, el bando militar ya no tenía poder de imposición. Y por analogía, le regaló a Menem el Pacto de Olivos bajo una excusa de democracia amenazada que sólo existía en su cabeza, por citar apenas un par de ejemplos de los muchos que podrían esgrimirse acerca de sus claudicaciones. Con la mirada dos, en cambio y, también, sólo para ilustrar, se enfrentó a la Iglesia, aunque el cuero que le alcanzó para impulsar la ley de Divorcio no le dio para derrotarla en el Congreso Pedagógico; y afrontó a los milicos con una apuesta a la que, bien o mal, no se le animó ningún país latinoamericano ni del mundo. ¿Una mirada neutraliza a la otra, o pueden valer las dos? Mientras se piensa la respuesta, aunque sea pongámonos de acuerdo en la refutación de alguna de las tantas pelotudeces que se escucharon en estos días. Empezando por la mayor, que consistió en adjudicarle a Alfonsín el rol de “padre de la democracia”. Porque sólo a un desvariado puede ocurrírsele que la paternidad del retorno a las urnas tuvo un motivo central que no fuera la auto-estampida militar tras la catástrofe de Malvinas.
Hace casi veinte años, a pocas horas de haberle entregado el poder a la rata de manera anticipada como producto de la impericia de su partido, del hartazgo popular y del fenomenal “golpe de mercado” que le pegaron todas las fuerzas reaccionarias juntas, este periodista cerró su columna opinando que se despedía un gobierno considerablemente peor que lo imaginado por el más pesimista de sus críticos, cinco años y pico atrás; y bastante mejor que lo sugerido por ése, su triste final. Hoy, quien firma no encuentra la manera de no copiarse a sí mismo respecto de aquél razonamiento porque, a su juicio, se contienen en él las parábolas que Alfonsín protagonizó. Y sobre todo, porque en ellas se simboliza mucho de la idiosincrasia y de los avatares de esta sociedad; de su clase media muy en particular; y de una forma más específica todavía en cuanto a cómo se construye la política desde el partidismo tradicional, que ya no existe porque fue reemplazado, para peor, por haraganes varios que saben manejarse en la dictadura televisiva de la producción de sentidos y a partir de ahí hallar la cuadratura del círculo para resolver “la inseguridad”, bien que no ni la pobreza ni el hambre.
Con Alfonsín se fue alguien que encarnaba al rosquero; a la decencia individual; a la creencia de que por fuera de peronistas y radicales no sirve nada; a la cobardía de dejar pasar la historia por al lado cuando claudicó ante los milicos; al coraje de un costado relativamente épico que le permitió juzgarlos; a la enorme capacidad de diagnosticar y tejer poder para después no saber cómo usarlo; a la pasión militante, que tanto se extraña; al católico que se salteaba algún mandamiento; al que para (intentar) salvar a su fuerza partidaria entregó la/su República en manos del más canalla de los conmilitones; al enorme orador de carisma invicto, con artilugios retóricos que ya están en la historia y con otros que la historia no le perdonará, o no debería perdonarle; al gorila; al desgorilizado; al de los sueños truncos por sus contradicciones ideológicas. Con Alfonsín se fue un tipo que escenificaba algo de lo mejor y de lo peor de nosotros, en los graderíos que cada uno quiera darle a una cosa y a la otra. Por eso su muerte provocó tristeza o melancolía, más allá de que se las vio concentradas sólo en los sectores medios; y de que el impresionante despliegue comunicacional que las reflejó tuvo un indisimulable tufillo a aprovechamiento político, en el sentido de oponer una imagen de hombre ilustre y dialoguista contra la irritación que despierta el gobierno actual por su pugna con algunas facciones del establishment. Vaya casualidad, porque resulta que hasta su deceso no se le ocurrió a nadie que él era el hombre que la Argentina necesitaría en este momento. Sin embargo, eso no quita que la congoja fue auténtica. Lo cual es un mérito, más vale. En este país hubo y hay demasiada gente pública que adentro de un cajón despierta clima festivo o indiferencia. Y cabe dudar de que alguien se haya alegrado por la muerte de Alfonsín.
Posdata: firmando solicitadas; robando cámara y micrófonos gracias a la pasividad de comunicadores que les sacaban frases como si fueran monjas de clausura; entrando al Congreso y/o al pie del féretro, se vieron algunas criaturas mediáticas devenidas en profesionales de la política, por cierto que engendradas en el vientre social, que debieron ausentarse si es que se trataba, como dicen, de llorar a un demócrata. Se vio a la dirigencia gauchócrata que se cansó de putearlo en la Rural, se vio a los que lo acostaron en el ’89, se vio a egregios socios comerciales de la dictadura, se vio a unos cuantos de los que supieron caracterizar al alfonsinismo como una patota judeo-comunista; se vio, en síntesis, a muchos de los que militan por instaurar una democracia de sus intereses de clase. Que los correligionarios del muerto los hubiesen echado de ahí habría sido mucho pedir: de hecho, buena parte o una mayoría de ellos participan de coaliciones políticas y sociales que reclaman acabar como sea con un gobierno al que denominan “el régimen”. Pero no es desmedido, en cambio, recriminarles a esos filibusteros que hayan puesto el cuerpo, en lugar de haberse guardado sus lágrimas de caimán. Como no fuera para subirse a un retrato de republicanismo consensual que todas sus actitudes desmienten, no tenían nada que hacer en ese acompañamiento post mortem, en el que, simbólicamente, se honraba a un hombre de la democracia. Algunas horas a destiempo: tómenselas de ese velorio. Si acaso era cuestión de proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar la libertad siquiera para el bla bla del Preámbulo, ustedes no tenían nada que hacer ahí, manga de fachos.
MARCA DE RADIO, sábado 4 de abril de 2009.
Alfonsín es una de las figuras más difíciles de totalizar, analíticamente, que haya dado la historia argentina. El periodista, éste, lo afirma en lo general y en lo personal. A cada paso en que se está a punto de defender su trayectoria, algo frena y dice “no, fue un transero que acabó siendo funcional a los intereses de la derecha”. Y a cada paso en que se queda al borde de decir eso, se dice “pero bueno, fue un tipo decente, con muchas limitaciones propias y ajenas, que hizo o supo hacer lo que pudo dentro de las fronteras de este sistema”.
Esa antítesis es, quizá, un correcto punto de partida para evaluar a Alfonsín. O sea: ubicar el lugar desde el que puede juzgárselo. Y hay dos lugares. Uno es el de lo que debió haber hecho visto con una perspectiva marcadamente ideológica, implacable, poco menos que ascética, digamos que de izquierda en la acepción más global pero también más precisa de ese término respecto de su carácter humanístico, solidario, valiente, movilizador. El lugar, vamos, gracias al cual la izquierda es mejor que la derecha. Desde ahí, desde ese sitio válido, Alfonsín defeccionó. Se rindió o jugó mal, como se quiera. Pero, en cambio, si lo vemos desde una mirada igualmente legítima en cuanto a honestidad intelectual, basada en que no fue ni podía ser más que lo dictaminado por su condición de político burgués, provinciano, lejano a todo contorno de líder revolucionario, puesto en circunstancias muy tironeantes, resulta que hizo más de lo que podía esperarse. Desde ese lugar y desde 1983, Alfonsín y Kirchner, por ponerlo en nombres concretos, representan lo más a la izquierda que comprobablemente se banca esta sociedad sin que eso quiera decir que uno haya sido, y el otro sea, de ese palo. Con la mirada uno, Alfonsín promovió las leyes de impunidad cuando, al margen de varas morales, el bando militar ya no tenía poder de imposición. Y por analogía, le regaló a Menem el Pacto de Olivos bajo una excusa de democracia amenazada que sólo existía en su cabeza, por citar apenas un par de ejemplos de los muchos que podrían esgrimirse acerca de sus claudicaciones. Con la mirada dos, en cambio y, también, sólo para ilustrar, se enfrentó a la Iglesia, aunque el cuero que le alcanzó para impulsar la ley de Divorcio no le dio para derrotarla en el Congreso Pedagógico; y afrontó a los milicos con una apuesta a la que, bien o mal, no se le animó ningún país latinoamericano ni del mundo. ¿Una mirada neutraliza a la otra, o pueden valer las dos? Mientras se piensa la respuesta, aunque sea pongámonos de acuerdo en la refutación de alguna de las tantas pelotudeces que se escucharon en estos días. Empezando por la mayor, que consistió en adjudicarle a Alfonsín el rol de “padre de la democracia”. Porque sólo a un desvariado puede ocurrírsele que la paternidad del retorno a las urnas tuvo un motivo central que no fuera la auto-estampida militar tras la catástrofe de Malvinas.
Hace casi veinte años, a pocas horas de haberle entregado el poder a la rata de manera anticipada como producto de la impericia de su partido, del hartazgo popular y del fenomenal “golpe de mercado” que le pegaron todas las fuerzas reaccionarias juntas, este periodista cerró su columna opinando que se despedía un gobierno considerablemente peor que lo imaginado por el más pesimista de sus críticos, cinco años y pico atrás; y bastante mejor que lo sugerido por ése, su triste final. Hoy, quien firma no encuentra la manera de no copiarse a sí mismo respecto de aquél razonamiento porque, a su juicio, se contienen en él las parábolas que Alfonsín protagonizó. Y sobre todo, porque en ellas se simboliza mucho de la idiosincrasia y de los avatares de esta sociedad; de su clase media muy en particular; y de una forma más específica todavía en cuanto a cómo se construye la política desde el partidismo tradicional, que ya no existe porque fue reemplazado, para peor, por haraganes varios que saben manejarse en la dictadura televisiva de la producción de sentidos y a partir de ahí hallar la cuadratura del círculo para resolver “la inseguridad”, bien que no ni la pobreza ni el hambre.
Con Alfonsín se fue alguien que encarnaba al rosquero; a la decencia individual; a la creencia de que por fuera de peronistas y radicales no sirve nada; a la cobardía de dejar pasar la historia por al lado cuando claudicó ante los milicos; al coraje de un costado relativamente épico que le permitió juzgarlos; a la enorme capacidad de diagnosticar y tejer poder para después no saber cómo usarlo; a la pasión militante, que tanto se extraña; al católico que se salteaba algún mandamiento; al que para (intentar) salvar a su fuerza partidaria entregó la/su República en manos del más canalla de los conmilitones; al enorme orador de carisma invicto, con artilugios retóricos que ya están en la historia y con otros que la historia no le perdonará, o no debería perdonarle; al gorila; al desgorilizado; al de los sueños truncos por sus contradicciones ideológicas. Con Alfonsín se fue un tipo que escenificaba algo de lo mejor y de lo peor de nosotros, en los graderíos que cada uno quiera darle a una cosa y a la otra. Por eso su muerte provocó tristeza o melancolía, más allá de que se las vio concentradas sólo en los sectores medios; y de que el impresionante despliegue comunicacional que las reflejó tuvo un indisimulable tufillo a aprovechamiento político, en el sentido de oponer una imagen de hombre ilustre y dialoguista contra la irritación que despierta el gobierno actual por su pugna con algunas facciones del establishment. Vaya casualidad, porque resulta que hasta su deceso no se le ocurrió a nadie que él era el hombre que la Argentina necesitaría en este momento. Sin embargo, eso no quita que la congoja fue auténtica. Lo cual es un mérito, más vale. En este país hubo y hay demasiada gente pública que adentro de un cajón despierta clima festivo o indiferencia. Y cabe dudar de que alguien se haya alegrado por la muerte de Alfonsín.
Posdata: firmando solicitadas; robando cámara y micrófonos gracias a la pasividad de comunicadores que les sacaban frases como si fueran monjas de clausura; entrando al Congreso y/o al pie del féretro, se vieron algunas criaturas mediáticas devenidas en profesionales de la política, por cierto que engendradas en el vientre social, que debieron ausentarse si es que se trataba, como dicen, de llorar a un demócrata. Se vio a la dirigencia gauchócrata que se cansó de putearlo en la Rural, se vio a los que lo acostaron en el ’89, se vio a egregios socios comerciales de la dictadura, se vio a unos cuantos de los que supieron caracterizar al alfonsinismo como una patota judeo-comunista; se vio, en síntesis, a muchos de los que militan por instaurar una democracia de sus intereses de clase. Que los correligionarios del muerto los hubiesen echado de ahí habría sido mucho pedir: de hecho, buena parte o una mayoría de ellos participan de coaliciones políticas y sociales que reclaman acabar como sea con un gobierno al que denominan “el régimen”. Pero no es desmedido, en cambio, recriminarles a esos filibusteros que hayan puesto el cuerpo, en lugar de haberse guardado sus lágrimas de caimán. Como no fuera para subirse a un retrato de republicanismo consensual que todas sus actitudes desmienten, no tenían nada que hacer en ese acompañamiento post mortem, en el que, simbólicamente, se honraba a un hombre de la democracia. Algunas horas a destiempo: tómenselas de ese velorio. Si acaso era cuestión de proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar la libertad siquiera para el bla bla del Preámbulo, ustedes no tenían nada que hacer ahí, manga de fachos.
MARCA DE RADIO, sábado 4 de abril de 2009.
A 33 años del inicio de la última dictadura militar
JUSTICIA Y DEMOCRACIA EN ARGENTINA
Declaración de la Comisión Provincial por la Memoria
-Los juicios por delitos de lesa humanidad, cometidos en el marco del terrorismo de estado, constituyen un valor ético fundamental e irrenunciable para los argentinos, requieren de un compromiso público por parte de todas las fuerzas sociales y políticas para sostener y profundizar con la mayor celeridad este necesario proceso para toda la sociedad argentina. -En reiteradas oportunidades hemos manifestado nuestra profunda preocupación por dilaciones y retrasos que acechan a los juicios contra represores, implicando el riesgo de tornar ilusoria la justicia para una importante cantidad de víctimas. El principio procesal de celeridad, además de un criterio jurídico, debe ser indudablemente un elevado compromiso por parte de todos los poderes del estado y actores de este proceso máxime cuándo en la Argentina, durante más de treinta años permanecieron ocluidos los caminos de la justicia. En el juzgamiento de los delitos de lesa humanidad el principio de imprescriptibilidad debe ir de la mano con el de celeridad. -El debate público en torno de este tema protagonizado por representantes de los tres poderes debe ser una oportunidad para poner en marcha un ámbito de decisiones que permita ofrecer las respuestas necesarias. Ni la Corte, ni el Poder Ejecutivo, ni el Poder Legislativo pueden desentenderse de sus responsabilidades. Es en ese ámbito y a través de la cooperación de poderes, que deben buscarse los mecanismos para agilizar los procesos, evitar la fragmentación de los juicios, dotarlos de los recursos e infraestructura necesarios, garantizar la efectiva y amplia publicidad de las audiencias y promover las sanciones que correspondan a los magistrados que mediante argucias formales dilaten las causas, permitiendo que el simple paso del tiempo consagre la impunidad. -La creación de nuevos tribunales y la designación de jueces recientemente anunciadas, constituyen una renovada oportunidad para mejorar la calidad institucional del Poder Judicial y el real compromiso de la magistratura con el cumplimiento de los principios consagrados por los pactos internacionales sobre Derechos Humanos ratificados por la Argentina. -Desde la reapertura de las causas penales, se produjeron 44 condenas. Hay actualmente 547 represores procesados. De ellos sólo 388 están detenidos y 47 permanecen prófugos. Apenas cuatro juicios están previstos para el 2009. Estos datos dan cuenta de la ausencia de una estrategia global para la implementación de los juicios por delitos de lesa humanidad. Pero la lentitud y fragmentación de los procesos sumados al accionar dilatorio y en muchos casos, a la afinidad ideológica de los magistrados con los represores, tienen ya una grave consecuencia: las excarcelaciones de criminales de lesa humanidad. -Las excarcelaciones dispuestas por la Cámara de Casación Penal en diciembre de 2008 en beneficio de Astiz y Acosta, generaron una inmediata reacción política y el unánime repudio social. Ambas se frustraron ante la rápida apelación fiscal y el pedido de juicio político a los jueces responsables de la medida. Sin embargo las excarcelaciones y los pedidos de libertad se siguen produciendo silenciosamente o están en instancia de apelación. Para citar sólo un ejemplo, que corresponde al circuito represivo de La Plata: todos los imputados por el centro clandestino de Arana fueron liberados. Es curioso que el beneficio que se le niega a los presos comunes imputados por delitos de menor envergadura, se les otorgue a los responsables de los más atroces crímenes contra la humanidad, con el riesgo de frustrar el proceso penal. Invierte todos los principios básicos de una justicia democrática, que los procesados por asesinatos, desapariciones y torturas durante el terrorismo de Estado esperen en libertad el juicio oral, mientras miles de detenidos comunes, sólo en la provincia de Buenos Aires, pasan en promedio, entre 3 y 4 años privados de su libertad y sin condena firme. -Entendemos que definir una política pública que sustente la continuidad de los juicios y haga efectivo el principio de justicia para las víctimas significa atender las peculiaridades de juzgar delitos de lesa humanidad treinta años después de perpetrados. La recuperación de los archivos existentes relacionados con la represión es parte de un camino que la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires viene transitando hace 10 años. Un informe pormenorizado de los aportes más importantes que, desde el Archivo de la DIPBA, hemos realizado a la justicia fue entregado recientemente a la Procuración General de la Nación y también será oportunamente entregado al resto de los poderes y actores de estos procesos. Se han realizado hasta el momento 2014 informes a requisitoria de la justicia y se aportó documentación, entre otras, a las causas que se llevan adelante en torno a Campo de Mayo, Arana, Brigada de Investigaciones de La Plata, Hospital Posadas, Contraofensiva, Patti, La Cacha. -Resulta preocupante que la investigación sobre la desaparición de Jorge Julio López vuelva a estar nuevamente paralizada y entrampada por diversos incidentes judiciales. Tras la excusación del Juez Corazza, fue desplazada de la investigación la Secretaría especial con cuya intervención se habían logrado en pocos meses significativos avances. Un cambio de Secretaría dejaría truncas importantes medidas de prueba e implicaría un nuevo e intolerable retraso para una investigación judicial que desde hace dos años y medio no logra determinar quiénes fueron los ejecutores y quiénes los instigadores de la desaparición de Jorge Julio Lopez. -La memoria del terrorismo de estado y el camino transitado en estos 33 años de reclamo de verdad y justicia, renuevan nuestro compromiso con la agenda de derechos humanos del tiempo que nos toca transitar. Observamos con preocupación una opinión pública permeable a los discursos que desde la plataforma de la inseguridad pregonan el miedo, el encierro y la estigmatización de los sectores más vulnerables. En la provincia de Buenos Aires en particular, hemos advertido sobre las consecuencias de endurecer aún más un sistema penal que lejos de garantizar la igualdad de acceso a la justicia, tiende a profundizar la exclusión y criminalizar la pobreza. Una política de seguridad seria debe empezar por reconocer que el delito y la violencia tienen raíces complejas, tanto sociales como institucionales: la desintegración de lazos sociales, el desempleo, la exclusión, la corrupción y las falencias policiales y judiciales. El impulso de políticas represivas por sobre las orientadas a la equidad social y la redistribución de la riqueza, sólo contribuirá a alimentar la espiral de violencia e injusticia. COMISION POR LA MEMORIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES:Adolfo Pérez Esquivel, Hugo Cañón, Laura Conte, Aldo Etchegoyen, Víctor Mendibil, Mauricio Tenembaun, Elisa Carca, Víctor De Gennaro, Elizabeth Rivas, Susana Méndez, Fortunato Mallimacci, Daniel Goldman, Luis Lima, Roberto Tito Cossa, Martha Pelloni, Mempo Giardinelli, Carlos Sanchez Viamonte, Verónica Piccone, Emilce Moler, Miguel Hesayne.
Declaración de la Comisión Provincial por la Memoria
-Los juicios por delitos de lesa humanidad, cometidos en el marco del terrorismo de estado, constituyen un valor ético fundamental e irrenunciable para los argentinos, requieren de un compromiso público por parte de todas las fuerzas sociales y políticas para sostener y profundizar con la mayor celeridad este necesario proceso para toda la sociedad argentina. -En reiteradas oportunidades hemos manifestado nuestra profunda preocupación por dilaciones y retrasos que acechan a los juicios contra represores, implicando el riesgo de tornar ilusoria la justicia para una importante cantidad de víctimas. El principio procesal de celeridad, además de un criterio jurídico, debe ser indudablemente un elevado compromiso por parte de todos los poderes del estado y actores de este proceso máxime cuándo en la Argentina, durante más de treinta años permanecieron ocluidos los caminos de la justicia. En el juzgamiento de los delitos de lesa humanidad el principio de imprescriptibilidad debe ir de la mano con el de celeridad. -El debate público en torno de este tema protagonizado por representantes de los tres poderes debe ser una oportunidad para poner en marcha un ámbito de decisiones que permita ofrecer las respuestas necesarias. Ni la Corte, ni el Poder Ejecutivo, ni el Poder Legislativo pueden desentenderse de sus responsabilidades. Es en ese ámbito y a través de la cooperación de poderes, que deben buscarse los mecanismos para agilizar los procesos, evitar la fragmentación de los juicios, dotarlos de los recursos e infraestructura necesarios, garantizar la efectiva y amplia publicidad de las audiencias y promover las sanciones que correspondan a los magistrados que mediante argucias formales dilaten las causas, permitiendo que el simple paso del tiempo consagre la impunidad. -La creación de nuevos tribunales y la designación de jueces recientemente anunciadas, constituyen una renovada oportunidad para mejorar la calidad institucional del Poder Judicial y el real compromiso de la magistratura con el cumplimiento de los principios consagrados por los pactos internacionales sobre Derechos Humanos ratificados por la Argentina. -Desde la reapertura de las causas penales, se produjeron 44 condenas. Hay actualmente 547 represores procesados. De ellos sólo 388 están detenidos y 47 permanecen prófugos. Apenas cuatro juicios están previstos para el 2009. Estos datos dan cuenta de la ausencia de una estrategia global para la implementación de los juicios por delitos de lesa humanidad. Pero la lentitud y fragmentación de los procesos sumados al accionar dilatorio y en muchos casos, a la afinidad ideológica de los magistrados con los represores, tienen ya una grave consecuencia: las excarcelaciones de criminales de lesa humanidad. -Las excarcelaciones dispuestas por la Cámara de Casación Penal en diciembre de 2008 en beneficio de Astiz y Acosta, generaron una inmediata reacción política y el unánime repudio social. Ambas se frustraron ante la rápida apelación fiscal y el pedido de juicio político a los jueces responsables de la medida. Sin embargo las excarcelaciones y los pedidos de libertad se siguen produciendo silenciosamente o están en instancia de apelación. Para citar sólo un ejemplo, que corresponde al circuito represivo de La Plata: todos los imputados por el centro clandestino de Arana fueron liberados. Es curioso que el beneficio que se le niega a los presos comunes imputados por delitos de menor envergadura, se les otorgue a los responsables de los más atroces crímenes contra la humanidad, con el riesgo de frustrar el proceso penal. Invierte todos los principios básicos de una justicia democrática, que los procesados por asesinatos, desapariciones y torturas durante el terrorismo de Estado esperen en libertad el juicio oral, mientras miles de detenidos comunes, sólo en la provincia de Buenos Aires, pasan en promedio, entre 3 y 4 años privados de su libertad y sin condena firme. -Entendemos que definir una política pública que sustente la continuidad de los juicios y haga efectivo el principio de justicia para las víctimas significa atender las peculiaridades de juzgar delitos de lesa humanidad treinta años después de perpetrados. La recuperación de los archivos existentes relacionados con la represión es parte de un camino que la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires viene transitando hace 10 años. Un informe pormenorizado de los aportes más importantes que, desde el Archivo de la DIPBA, hemos realizado a la justicia fue entregado recientemente a la Procuración General de la Nación y también será oportunamente entregado al resto de los poderes y actores de estos procesos. Se han realizado hasta el momento 2014 informes a requisitoria de la justicia y se aportó documentación, entre otras, a las causas que se llevan adelante en torno a Campo de Mayo, Arana, Brigada de Investigaciones de La Plata, Hospital Posadas, Contraofensiva, Patti, La Cacha. -Resulta preocupante que la investigación sobre la desaparición de Jorge Julio López vuelva a estar nuevamente paralizada y entrampada por diversos incidentes judiciales. Tras la excusación del Juez Corazza, fue desplazada de la investigación la Secretaría especial con cuya intervención se habían logrado en pocos meses significativos avances. Un cambio de Secretaría dejaría truncas importantes medidas de prueba e implicaría un nuevo e intolerable retraso para una investigación judicial que desde hace dos años y medio no logra determinar quiénes fueron los ejecutores y quiénes los instigadores de la desaparición de Jorge Julio Lopez. -La memoria del terrorismo de estado y el camino transitado en estos 33 años de reclamo de verdad y justicia, renuevan nuestro compromiso con la agenda de derechos humanos del tiempo que nos toca transitar. Observamos con preocupación una opinión pública permeable a los discursos que desde la plataforma de la inseguridad pregonan el miedo, el encierro y la estigmatización de los sectores más vulnerables. En la provincia de Buenos Aires en particular, hemos advertido sobre las consecuencias de endurecer aún más un sistema penal que lejos de garantizar la igualdad de acceso a la justicia, tiende a profundizar la exclusión y criminalizar la pobreza. Una política de seguridad seria debe empezar por reconocer que el delito y la violencia tienen raíces complejas, tanto sociales como institucionales: la desintegración de lazos sociales, el desempleo, la exclusión, la corrupción y las falencias policiales y judiciales. El impulso de políticas represivas por sobre las orientadas a la equidad social y la redistribución de la riqueza, sólo contribuirá a alimentar la espiral de violencia e injusticia. COMISION POR LA MEMORIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES:Adolfo Pérez Esquivel, Hugo Cañón, Laura Conte, Aldo Etchegoyen, Víctor Mendibil, Mauricio Tenembaun, Elisa Carca, Víctor De Gennaro, Elizabeth Rivas, Susana Méndez, Fortunato Mallimacci, Daniel Goldman, Luis Lima, Roberto Tito Cossa, Martha Pelloni, Mempo Giardinelli, Carlos Sanchez Viamonte, Verónica Piccone, Emilce Moler, Miguel Hesayne.
lunes, 30 de marzo de 2009
La crisis y los trabajadores
La crisis y los trabajadores
Emir Sader
Los trabajadores fueron y continúan siendo las víctimas privilegiadas de las políticas neoliberales. La instauración del neoliberalismo se hizo a partir de un inmenso viraje en la correlación de fuerzas entre las clases fundamentales, con un aumento exponencial en la apropiación del excedente, por parte del gran capital a costa de los trabajadores.Las formas fueron múltiples, a través de la combinación entre la precarización de las relaciones de trabajo, que llevó a que la mayoría de los trabajadores no tenga contrato de trabajo; el desempleo abierto y velado; la extensión de las jornadas de trabajo; la intensificación de las precarias condiciones de trabajo; la fragmentación de la clase trabajadora y las consecuentes dificultades de organización que produce, entre otras.Como resultado, se debilitó el sindicalismo, así como la identidad del mundo del trabajo, al mismo tiempo que los medios de comunicación contribuían decisivamente invisibilizando los temas del mundo del trabajo. Las teorías del “fin del empleo” en realidad son referidas a los intentos de extinción del empleo formal, porque nunca tantos vivieron de su trabajo como en el mundo actual, pero al hacerlo bajo condiciones heterogéneas, trabajando en varias actividades al mismo tiempo o cambiando de actividades de un mes para otro, terminan dificultando la organización, debilitando la cultura del trabajo y la asunción de la identidad de trabajador, así como de las profesiones, que cambian de un momento para el otro.Las políticas neoliberales produjeron también un gran proceso de proletarización de amplios sectores de las clases medias, empobrecidas por la pérdida del empleo formal y por la concentración de la renta a partir de las políticas implementadas por los gobiernos. El mundo del trabajo nunca congregó a tanta gente, aunque las condiciones del trabajo concreto nunca fueron tan diversificadas. Lo que no impide que todos sean superexplotados y fuente fundamental de la gigantesca acumulación de capital que producen las grandes fortunas exhibidas obscenamente por los medios.Las políticas mínimamente antineoliberales de algunos gobiernos – concentrados en América Latina – permitieron que se retomara cierto nivel de empleos formales, aunque con baja calificación, volviendo a dar relativa fuerza de negociación a los sindicatos y de protagonismo a las centrales sindicales. Las políticas redistributivas mediante programas sociales y la elevación real de los salarios, promovieron la extensión y el fortalecimiento del mercado interno de consumo popular, al mismo tiempo que, en algunos casos, el movimiento sindical volvió a obtener ciertos espacios de protagonismo público, aunque casi siempre saboteado por los medios.La crisis hizo que volviera a recaer sobre los trabajadores el peso de la recesión provocada por la especulación financiera, de la que se valen las empresas para, como primera medida, despedir trabajadores. En los años de crecimiento que antecedieron a la crisis, se multiplicaron las ganancias; en el momento de la recesión, las empresas ni siquiera queman una parte de los lucros acumulados, despidiendo inmediatamente a miles de trabajadores, como si el derecho al empleo no fuese un derecho esencial para la inmensa mayoría de la población, que vive de su trabajo.Los gobiernos y las fuerzas políticas en este momento se diferencian: unas se juegan todos sus esfuerzos para disminuir los efectos de la recesión y garantizar ritmos de continuidad en el crecimiento económico, al lado de la garantía del empleo, y las otras, las que apuestan a la catástrofe económica, creyendo que, con eso, se debilitan los gobiernos que ponen el énfasis en las políticas sociales. Los trabajadores y sus organizaciones tienen que alinearse en torno a esa polarización, luchando para que las medidas de los gobiernos para alimentar el nivel de crecimiento económico sean todas indisolublemente ligadas a la garantía del empleo – derecho esencial, si queremos construir una democracia social.
viernes, 27 de marzo de 2009
¿Quien mata debe morir?
Página 12 del Jueves 19 de Marzo de 2009
Por Gervasio Noailles *En las últimas semanas se ha hablado mucho de un discurso muy difundido en relación con qué hacer con quien comete un asesinato.
El dislate fue pronunciado por Susana Giménez y es algo más que un disparate irresponsable de una figura pública, son muchos los que se hacen eco de ese discurso.
Es por eso que vale la pena pensarlo para analizar la lógica que lo sostiene. El discurso de Susana –llamémoslo “Su discurso”– sostiene que “quien mata debe morir”.
Para analizar la estructura lógica que sostiene ese discurso se propone transformar la máxima de Giménez en pregunta: ¿quién que mata debe morir según Su discurso?Hay víctimas y Víctimas (con mayúsculas).
Según Su discurso, “Quien mata a una Víctima debe morir”, ya que las Víctimas tienen un derecho legítimo a descargar una violencia retaliatoria. Sin embargo, Su discurso no dice nada de las víctimas (con minúscula) que mueren cotidianamente –por abortos mal realizados, por falta de insumos en salas de atención médica, por violencia policial, de cáncer producto de agrotóxicos para cultivar soja transgénica–; tampoco dijo nada de las víctimas de la dictadura.¿Cuál es la diferencia entre una Víctima y una víctima? ¿Cuál es la operación biopolítica que lleva a que la muerte de una Víctima produzca un revuelo mediático mientras que las muertes de otros miles de víctimas pasan inadvertidas?René Girard (La víctima y lo sagrado, Anagrama, 1983) sostiene que hay víctimas que cumplen con un rol social: las llama “víctimas sacrificiales” o “víctimas propiciatorias”. En los pueblos que carecen de un sistema judicial que centralice los castigos por violar la ley, se corre el riesgo de una escalada de violencia retaliatoria que podría destruir a la comunidad. Para evitar eso, la violencia es descargada en rituales sacrificiales en los que se mata animales. En el modelo teórico de Girard, la víctima sacrificial es aquella sobre la que la sociedad desvía una violencia que amenaza con lastimar a sus propios miembros. La víctima sacrificable debe conservar algún tipo de parecido con los miembros de la sociedad a los que sustituye para ser receptora de la violencia desplazada.La lógica sacrificial se sostiene en un punto de tensión entre la continuidad (la semejanza) y la discontinuidad (la diferencia) entre la víctima y los seres humanos sustituidos por ésta. Si la diferencia entre la víctima y la comunidad es muy grande, la víctima no podrá atraer hacia sí la violencia que circula en la sociedad. Si al contrario existe un exceso de continuidad, la violencia circulará con demasiada facilidad, tanto en un sentido como en otro y el sacrificio perderá su razón de ser. Si el sacrificio logra su objetivo, debe ser entendido como una violencia purificadora; pero si ocurre exceso de semejanza o de diferencia entre la víctima sacrificial y los miembros de la comunidad sustituidos por ésta, se genera la crisis sacrificial.Un pasaje central del Antiguo Testamento ilustra esta lógica. Caín y Abel tienen distintas actividades y ambos ofrecen en sacrificio –en holocausto, dice el texto bíblico– a Dios el producto de su trabajo. Caín cultiva la tierra y ofrece a Dios el fruto de su cosecha. Abel es pastor y sacrifica a los primogénitos de su rebaño. Los animales sacrificados por Abel cumplen con la condición de semejanza necesaria para ser víctimas sacrificiales. Caín –al no contar con animales para dar en sacrificio– no tiene la posibilidad de ofrecer a Dios el engaña violencia que es el sacrificio animal. Es por ello que se ve llevado a sacrificar a Abel. En esta misma línea de análisis, Dios envía un cordero a Abraham otorgándole así una víctima sacrificial sustituta: de esta manera Isaac es salvado de la violencia sacrificial que debía recaer sobre él.En los sistemas rituales judaico o de la Antigüedad clásica, las víctimas son casi siempre animales, mientras que, en otros sistemas, los miembros de la comunidad amenazados por la violencia se sustituyen con seres humanos.La ganancia que se obtiene al depositar la violencia en la víctima sacrificial es que se trata de un individuo –ser humano o animal– que no es defendido por nadie y, por lo tanto, no hay peligro de una violencia recíproca que podría provocar una escalada de violencia que llevaría a la destrucción de la comunidad. Al depositar la violencia en una víctima sacrificial, lo que se obtiene es una descarga violenta sin el peligro de la retaliación.Dentro de este esquema, la función de la víctima sacrificable es proteger a los miembros de la comunidad de una violencia –que, al igual que Freud o Benjamin, Girard considera estructural y fundante– que, de no ser expiada sobre la víctima sacrificial, crecería exponencialmente hasta destruir a la comunidad.Girard otorga un lugar estructural a las víctimas sacrificiales, ya que, en su modelo teórico, las comunidades que no han contado con mecanismos para expiar la violencia fundante se destruyen a sí mismas al quedar atrapadas en escaladas ilimitadas de violencia retaliatoria.En el modelo teórico de Girard no existe ninguna diferencia esencial entre la lógica sacrificial cuando la víctima es un ser humano o un animal. Cabe preguntarse entonces cuáles son las condiciones que permiten que un ser humano pueda ocupar el lugar de víctima sacrificable en el mundo contemporáneo.El homo sacer es una figura del derecho romano que se refiere a la vida a la que se le puede dar muerte lícitamente. Es una figura jurídica que implica a la vez la impunidad de darle muerte y la prohibición de su sacrificio. El homo sacer es, por lo tanto, alguien a quien se puede matar sin realizar un asesinato y sin que se trate de una muerte ritual. Giorgo Agamben señala que la figura del sacer es condición necesaria para la constitución del orden jurídico-político.Agamben introduce la relación de bando como aquella que “ha constituido desde el origen la estructura propia del poder soberano”. (Agamben, Homo sacer I, Madrid, Editora Nacional, 2002.) El que ha sido puesto en bando no queda sencillamente fuera de la ley ni es indiferente a ésta, sino que es abandonado por ella, es decir, queda expuesto y en peligro en el umbral en que vida y derecho, exterior e interior, se confunden. La relación originaria de la ley con la vida no es aplicación, sino el abandono (Agamben, ob. cit.)Que la relación de bando conforme la estructura de poder soberano le permite a Agamben afirmar que el poder político se funda en una vida a la que se le puede dar muerte y que ésta se politiza a partir de la posibilidad de que se le dé muerte.La analogía estructural entre excepción soberana y sacratio muestra aquí todo su sentido. En los límites extremos del ordenamiento, soberano y homo sacer ofrecen dos figuras simétricas que tiene la misma estructura y están correlacionadas, en el sentido de que soberano es aquel con respecto del cual todos los hombres son potencialmente homini sacri, y homo sacer es aquél con respecto al cual todos los hombres actúan como soberanos (Agamben, ob. cit.).Discurso SuSegún la lógica de Su discurso, la muerte de una Víctima genera un escándalo, ya que se trata de lo que Girard llama una crisis sacrificial: una situación donde la violencia social se ha descargado sobre una víctima que cuenta con atributos identitarios que lo asemejan en demasía al grupo que quiere expiar la violencia fundante.Las víctimas (con minúscula) son los homini sacri, aquellos a los cuales todos los hombres pueden dar muerte sin que ello implique delito alguno. Son semejantes y son diferentes y, por lo tanto, cumplen el rol sacrificial: pueden ser matados sin que ello implique delito alguno. El rasgo de continuidad –de semejanza– está dado por su condición de seres humanos; el rasgo de discontinuidad –de diferencia– está dado por ser culpables –no importa de qué– o sospechosos de ser culpables.Un supuesto implícito en Su discurso sostiene que las Víctimas son inocentes. Esta construcción está fuertemente determinada por la tradición judeocristiana. Al rastrear el lugar dado a las víctimas en el Antiguo Testamento, se observa con claridad cómo el discurso bíblico considera víctimas sólo a quienes son enteramente inocentes.Noé era un hombre justo, irreprochable entre sus contemporáneos, y siguió siempre los caminos de Dios. Tuvo tres hijos: Sem, Cam y Jafet. Pero la tierra estaba pervertida a los ojos de Dios y se había llenado de violencia. Al ver que la tierra se había pervertido, porque todos los hombres tenían una conducta depravada, Dios dijo a Noé: “He decidido acabar con todos los mortales, porque la tierra se ha llenado de violencia a causa de ellos. Por eso los voy a destruir junto con la tierra (Génesis, 6: 914).El pasaje es contundente: quienes son culpables de haber pervertido la tierra pueden ser destruidos por Dios sin que por ello sean víctimas de la furia divina. El paradigma de la víctima inocente es Jesús, quien muere en la cruz por pecados que él no ha cometido. En El porvenir de una ilusión (1927), Freud se pregunta en dónde radica la fuerza interna de las representaciones religiosas. Freud señala que se puede llamar ilusión a una creencia “cuando en su motivación esfuerza sobre todo el cumplimiento de deseo”. Freud concibe a las representaciones religiosas como ilusiones, por lo tanto se puede concebir la representación religiosa sobre las víctimas como una satisfacción sustitutiva de un deseo reprimido.Una contribución fundamental de la teoría psicoanalítica al tema estudiado sería aportar elementos que permitan hipotetizar acerca del tipo de satisfacción que permite el discurso que concibe a las víctimas como enteramente inocentes. Como hipótesis, se plantea que la ganancia que se obtiene con la construcción de víctimas inocentes es la habilitación para un modo primario de descarga sin mediaciones de ningún tipo. Si para ser considerado Víctima es necesario ser inocente, entonces quien es culpable puede ser receptor de una acción violenta sin que ello implique delito alguno. Si esto es así, el discurso que impone la condición de inocencia a las víctimas es solidario del discurso de la justicia por mano propia. La construcción de la Víctima inocente posibilita un tipo de descarga primaria que evita el rodeo que impone el sistema judicial.A partir de la tesis de Girard, se puede afirmar que la inocencia de las víctimas permite el imperio del principio del placer y con ello una descarga retaliatoria inmediata, evitando el principio de realidad impuesto por el sistema judicial propio de los Estados modernos.El discurso jurídico ha desarrollado una amplia tipología de víctimas según el grado de culpabilidad o responsabilidad de las mismas. Hay víctimas enteramente culpables y al no dejar de ser víctimas conservan derechos civiles. (Neuman, E, Victimología, ed Universidad, 1994). La concepción de las víctimas sostenida por el discurso jurídico implica un mayor gasto de energía, ya que un proceso judicial impone esperas y disgresiones. Dichos rodeos son los que otorgan las garantías procesales necesarias para una inclusión social plena de los ciudadanos en el Estado moderno.En última instancia, Su discurso no dice nada de las responsabilidades de toda la sociedad sobre las injusticias que pesan sobre quienes ven sistemáticamente violados sus derechos humanos más elementales. La inseguridad tan temida es un tipo de violencia retaliatoria de una clase social sometida a la violencia cotidiana de ser testigo de la opulencia a la que jamás podrá tener acceso. La inseguridad parece que es el precio a pagar por acumular riquezas en una sociedad desigual. Quien quiera exigir seguridad deberá ante todo pensar qué ha hecho para generar una sociedad más justa y, por lo tanto, más segura.
* Magister en Psicología Social Comunitaria. Docente e Investigador de la UBA.© 2000-2009
www.pagina12.com.arRepública ArgentinaTodos los Derechos Reservados
Víctimas y VICTIMAS
“¿Cuál es la operación biopolítica que lleva a que la muerte de una Víctima produzca un revuelo mediático, mientras que las muertes de otros miles de víctimas pasan inadvertidas?”Por Gervasio Noailles *En las últimas semanas se ha hablado mucho de un discurso muy difundido en relación con qué hacer con quien comete un asesinato.
El dislate fue pronunciado por Susana Giménez y es algo más que un disparate irresponsable de una figura pública, son muchos los que se hacen eco de ese discurso.
Es por eso que vale la pena pensarlo para analizar la lógica que lo sostiene. El discurso de Susana –llamémoslo “Su discurso”– sostiene que “quien mata debe morir”.
Para analizar la estructura lógica que sostiene ese discurso se propone transformar la máxima de Giménez en pregunta: ¿quién que mata debe morir según Su discurso?Hay víctimas y Víctimas (con mayúsculas).
Según Su discurso, “Quien mata a una Víctima debe morir”, ya que las Víctimas tienen un derecho legítimo a descargar una violencia retaliatoria. Sin embargo, Su discurso no dice nada de las víctimas (con minúscula) que mueren cotidianamente –por abortos mal realizados, por falta de insumos en salas de atención médica, por violencia policial, de cáncer producto de agrotóxicos para cultivar soja transgénica–; tampoco dijo nada de las víctimas de la dictadura.¿Cuál es la diferencia entre una Víctima y una víctima? ¿Cuál es la operación biopolítica que lleva a que la muerte de una Víctima produzca un revuelo mediático mientras que las muertes de otros miles de víctimas pasan inadvertidas?René Girard (La víctima y lo sagrado, Anagrama, 1983) sostiene que hay víctimas que cumplen con un rol social: las llama “víctimas sacrificiales” o “víctimas propiciatorias”. En los pueblos que carecen de un sistema judicial que centralice los castigos por violar la ley, se corre el riesgo de una escalada de violencia retaliatoria que podría destruir a la comunidad. Para evitar eso, la violencia es descargada en rituales sacrificiales en los que se mata animales. En el modelo teórico de Girard, la víctima sacrificial es aquella sobre la que la sociedad desvía una violencia que amenaza con lastimar a sus propios miembros. La víctima sacrificable debe conservar algún tipo de parecido con los miembros de la sociedad a los que sustituye para ser receptora de la violencia desplazada.La lógica sacrificial se sostiene en un punto de tensión entre la continuidad (la semejanza) y la discontinuidad (la diferencia) entre la víctima y los seres humanos sustituidos por ésta. Si la diferencia entre la víctima y la comunidad es muy grande, la víctima no podrá atraer hacia sí la violencia que circula en la sociedad. Si al contrario existe un exceso de continuidad, la violencia circulará con demasiada facilidad, tanto en un sentido como en otro y el sacrificio perderá su razón de ser. Si el sacrificio logra su objetivo, debe ser entendido como una violencia purificadora; pero si ocurre exceso de semejanza o de diferencia entre la víctima sacrificial y los miembros de la comunidad sustituidos por ésta, se genera la crisis sacrificial.Un pasaje central del Antiguo Testamento ilustra esta lógica. Caín y Abel tienen distintas actividades y ambos ofrecen en sacrificio –en holocausto, dice el texto bíblico– a Dios el producto de su trabajo. Caín cultiva la tierra y ofrece a Dios el fruto de su cosecha. Abel es pastor y sacrifica a los primogénitos de su rebaño. Los animales sacrificados por Abel cumplen con la condición de semejanza necesaria para ser víctimas sacrificiales. Caín –al no contar con animales para dar en sacrificio– no tiene la posibilidad de ofrecer a Dios el engaña violencia que es el sacrificio animal. Es por ello que se ve llevado a sacrificar a Abel. En esta misma línea de análisis, Dios envía un cordero a Abraham otorgándole así una víctima sacrificial sustituta: de esta manera Isaac es salvado de la violencia sacrificial que debía recaer sobre él.En los sistemas rituales judaico o de la Antigüedad clásica, las víctimas son casi siempre animales, mientras que, en otros sistemas, los miembros de la comunidad amenazados por la violencia se sustituyen con seres humanos.La ganancia que se obtiene al depositar la violencia en la víctima sacrificial es que se trata de un individuo –ser humano o animal– que no es defendido por nadie y, por lo tanto, no hay peligro de una violencia recíproca que podría provocar una escalada de violencia que llevaría a la destrucción de la comunidad. Al depositar la violencia en una víctima sacrificial, lo que se obtiene es una descarga violenta sin el peligro de la retaliación.Dentro de este esquema, la función de la víctima sacrificable es proteger a los miembros de la comunidad de una violencia –que, al igual que Freud o Benjamin, Girard considera estructural y fundante– que, de no ser expiada sobre la víctima sacrificial, crecería exponencialmente hasta destruir a la comunidad.Girard otorga un lugar estructural a las víctimas sacrificiales, ya que, en su modelo teórico, las comunidades que no han contado con mecanismos para expiar la violencia fundante se destruyen a sí mismas al quedar atrapadas en escaladas ilimitadas de violencia retaliatoria.En el modelo teórico de Girard no existe ninguna diferencia esencial entre la lógica sacrificial cuando la víctima es un ser humano o un animal. Cabe preguntarse entonces cuáles son las condiciones que permiten que un ser humano pueda ocupar el lugar de víctima sacrificable en el mundo contemporáneo.El homo sacer es una figura del derecho romano que se refiere a la vida a la que se le puede dar muerte lícitamente. Es una figura jurídica que implica a la vez la impunidad de darle muerte y la prohibición de su sacrificio. El homo sacer es, por lo tanto, alguien a quien se puede matar sin realizar un asesinato y sin que se trate de una muerte ritual. Giorgo Agamben señala que la figura del sacer es condición necesaria para la constitución del orden jurídico-político.Agamben introduce la relación de bando como aquella que “ha constituido desde el origen la estructura propia del poder soberano”. (Agamben, Homo sacer I, Madrid, Editora Nacional, 2002.) El que ha sido puesto en bando no queda sencillamente fuera de la ley ni es indiferente a ésta, sino que es abandonado por ella, es decir, queda expuesto y en peligro en el umbral en que vida y derecho, exterior e interior, se confunden. La relación originaria de la ley con la vida no es aplicación, sino el abandono (Agamben, ob. cit.)Que la relación de bando conforme la estructura de poder soberano le permite a Agamben afirmar que el poder político se funda en una vida a la que se le puede dar muerte y que ésta se politiza a partir de la posibilidad de que se le dé muerte.La analogía estructural entre excepción soberana y sacratio muestra aquí todo su sentido. En los límites extremos del ordenamiento, soberano y homo sacer ofrecen dos figuras simétricas que tiene la misma estructura y están correlacionadas, en el sentido de que soberano es aquel con respecto del cual todos los hombres son potencialmente homini sacri, y homo sacer es aquél con respecto al cual todos los hombres actúan como soberanos (Agamben, ob. cit.).Discurso SuSegún la lógica de Su discurso, la muerte de una Víctima genera un escándalo, ya que se trata de lo que Girard llama una crisis sacrificial: una situación donde la violencia social se ha descargado sobre una víctima que cuenta con atributos identitarios que lo asemejan en demasía al grupo que quiere expiar la violencia fundante.Las víctimas (con minúscula) son los homini sacri, aquellos a los cuales todos los hombres pueden dar muerte sin que ello implique delito alguno. Son semejantes y son diferentes y, por lo tanto, cumplen el rol sacrificial: pueden ser matados sin que ello implique delito alguno. El rasgo de continuidad –de semejanza– está dado por su condición de seres humanos; el rasgo de discontinuidad –de diferencia– está dado por ser culpables –no importa de qué– o sospechosos de ser culpables.Un supuesto implícito en Su discurso sostiene que las Víctimas son inocentes. Esta construcción está fuertemente determinada por la tradición judeocristiana. Al rastrear el lugar dado a las víctimas en el Antiguo Testamento, se observa con claridad cómo el discurso bíblico considera víctimas sólo a quienes son enteramente inocentes.Noé era un hombre justo, irreprochable entre sus contemporáneos, y siguió siempre los caminos de Dios. Tuvo tres hijos: Sem, Cam y Jafet. Pero la tierra estaba pervertida a los ojos de Dios y se había llenado de violencia. Al ver que la tierra se había pervertido, porque todos los hombres tenían una conducta depravada, Dios dijo a Noé: “He decidido acabar con todos los mortales, porque la tierra se ha llenado de violencia a causa de ellos. Por eso los voy a destruir junto con la tierra (Génesis, 6: 914).El pasaje es contundente: quienes son culpables de haber pervertido la tierra pueden ser destruidos por Dios sin que por ello sean víctimas de la furia divina. El paradigma de la víctima inocente es Jesús, quien muere en la cruz por pecados que él no ha cometido. En El porvenir de una ilusión (1927), Freud se pregunta en dónde radica la fuerza interna de las representaciones religiosas. Freud señala que se puede llamar ilusión a una creencia “cuando en su motivación esfuerza sobre todo el cumplimiento de deseo”. Freud concibe a las representaciones religiosas como ilusiones, por lo tanto se puede concebir la representación religiosa sobre las víctimas como una satisfacción sustitutiva de un deseo reprimido.Una contribución fundamental de la teoría psicoanalítica al tema estudiado sería aportar elementos que permitan hipotetizar acerca del tipo de satisfacción que permite el discurso que concibe a las víctimas como enteramente inocentes. Como hipótesis, se plantea que la ganancia que se obtiene con la construcción de víctimas inocentes es la habilitación para un modo primario de descarga sin mediaciones de ningún tipo. Si para ser considerado Víctima es necesario ser inocente, entonces quien es culpable puede ser receptor de una acción violenta sin que ello implique delito alguno. Si esto es así, el discurso que impone la condición de inocencia a las víctimas es solidario del discurso de la justicia por mano propia. La construcción de la Víctima inocente posibilita un tipo de descarga primaria que evita el rodeo que impone el sistema judicial.A partir de la tesis de Girard, se puede afirmar que la inocencia de las víctimas permite el imperio del principio del placer y con ello una descarga retaliatoria inmediata, evitando el principio de realidad impuesto por el sistema judicial propio de los Estados modernos.El discurso jurídico ha desarrollado una amplia tipología de víctimas según el grado de culpabilidad o responsabilidad de las mismas. Hay víctimas enteramente culpables y al no dejar de ser víctimas conservan derechos civiles. (Neuman, E, Victimología, ed Universidad, 1994). La concepción de las víctimas sostenida por el discurso jurídico implica un mayor gasto de energía, ya que un proceso judicial impone esperas y disgresiones. Dichos rodeos son los que otorgan las garantías procesales necesarias para una inclusión social plena de los ciudadanos en el Estado moderno.En última instancia, Su discurso no dice nada de las responsabilidades de toda la sociedad sobre las injusticias que pesan sobre quienes ven sistemáticamente violados sus derechos humanos más elementales. La inseguridad tan temida es un tipo de violencia retaliatoria de una clase social sometida a la violencia cotidiana de ser testigo de la opulencia a la que jamás podrá tener acceso. La inseguridad parece que es el precio a pagar por acumular riquezas en una sociedad desigual. Quien quiera exigir seguridad deberá ante todo pensar qué ha hecho para generar una sociedad más justa y, por lo tanto, más segura.
* Magister en Psicología Social Comunitaria. Docente e Investigador de la UBA.© 2000-2009
www.pagina12.com.arRepública ArgentinaTodos los Derechos Reservados
domingo, 15 de marzo de 2009
UNA LINEA DE CONDUCTA
¿Qué te puedo cobrar?
La justicia se ocupa a ritmo cansino de los responsables militares pero sus socios civiles prosiguen la destrucción del Estado. Abogados de las entidades que justificaron los crímenes de lesa humanidad actúan contra la Argentina en el tribunal arbitral del Banco Mundial (Ciadi). Mano dura con los piqueteros pero apoyo a las patronales agropecuarias. El quien es quien del establishment jurídico que postró al país. Mañana: los bancos que financiaron el terror. Una investigación reveladora.
Por Horacio Verbitsky
Las empresas extranjeras que demandaron a la Argentina ante el Ciadi, la Cámara de Comercio Internacional de París y la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional exigen el pago de por lo menos 14.047 millones de dólares, más los intereses correspondientes a los años transcurridos desde la devaluación de 2002. El cálculo es intrincado porque cada contrato fija condiciones diferentes, pero según distintas fórmulas podrían oscilar entre 3000 y 11.000 millones de dólares más. Los casos en los que ya se produjeron condenas contra la Argentina ascienden a 1155 millones de dólares, más los intereses. Otros han sido suspendidos por acuerdo entre las partes que negocian nuevos contratos y algunos fallados a favor del país. Con escasas excepciones los abogados que patrocinan a esas empresas son directivos o miembros del Colegio de Abogados de la Calle Montevideo y del Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia, Fores, dos entidades que participaron en forma activa en el sostén de la dictadura militar de cuya implantación se cumplirán en pocos días 33 años y cuyos directivos han recibido financiamiento para investigaciones académicas de la Fundación Creer y Crecer, el equipo intelectual que desde principios de siglo preparó el desembarco político de Maurizio Macri y Francisco de Narváez. En el cuadro que acompaña esta nota se publica por primera vez completa la nómina de esos abogados y su pertenencia a aquellas organizaciones de lobby económico y difusión ideológica, desde las cuales se defiende hasta hoy la impunidad para los crímenes del terrorismo de Estado, la política económica del neoliberalismo y la represión de sus consecuencias sociales, salvo que se trate de las acciones directas emprendidas por las cámaras patronales agropecuarias. El cuadro también incluye a los abogados que actuaron como testigos y peritos en contra del Estado Nacional. En 1976 el Colegio de Abogados de la Calle Montevideo sostuvo que las Fuerzas Armadas salvaron a la República, cuando “había vacancia de poder y un vaciamiento de la Patria, tanto moral como político y económico”. El 6 de marzo de 1981, cuando el presidente de facto Jorge Videla dejó el gobierno, el Colegio destacó “la independencia con que han actuado los jueces”. Pero en mayo de 2005, cuando el Procurador del Tesoro de la Nación, Osvaldo Guglielmino, amagó identificar a quienes litigan contra el Estado en el Ciadi, el Colegio de Abogados de la Calle Montevideo dijo que eso afectaría “sus derechos de defensa y el libre ejercicio de la profesión” y “atentaría contra el régimen democrático” y la posibilidad de resistir “la prepotencia estatal”. ¿Nostalgia por la clandestinidad de la dictadura, tal vez?
Hecha la ley
Ciadi es la sigla del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, creado por el Banco Mundial en 1967. Su secretario general es el ex primer ministro del Perú Bobby Dañino (sic). La legislación que permitió derivar a ese organismo la jurisdicción y la competencia que correspondían a los tribunales argentinos fue una de las primeras decisiones adoptadas por la Junta Militar en 1976, que con ese fin modificó el artículo 1 del Código Procesal Civil y Comercial. Su redacción histórica impedía la actuación en los asuntos patrimoniales “de jueces extranjeros o de árbitros que actúen fuera de la República”. En abril de 1976 el gobierno militar suprimió tal limitación. Ese decreto de un solo artículo se conoce como “Ley Nº 21.305” y fue fundamentado en la necesidad de “promover la cooperación económica y el comercio”. Al mismo tiempo se anuló el impuesto a la herencia, días después de que muriera el padre del ministro de economía José Alfredo Martínez de Hoz. Su hijo homónimo es el director de la revista del Colegio de Abogados de la Calle Montevideo, donde firmó un artículo en defensa de ese sistema de arbitraje, que se consolidó con los tratados bilaterales de protección de inversiones (TPI) firmados durante el gobierno de Carlos Menem. Según Martínez de Hoz (h.) las obligaciones que surgen del Ciadi tienen carácter multilateral, sus laudos son autosuficientes y no pueden ser impugnados ante los tribunales locales. Por eso, agrega, no puede aplicárseles la doctrina de la Corte Suprema de Justicia en el caso Cartellone, de 2004, “argumentando que son contrarios a la Constitución Nacional o al ordenamiento jurídico interno del país receptor de la inversión”. Por el contrario, Martínez de Hoz (h.) sostiene que un laudo del Ciadi podrá ser invocado como defensa ante una acción dentro del país. Se basa en un nuevo decreto, que el dictador Roberto Viola firmó en 1981 y que ningún gobierno constitucional modificó, por el cual la prórroga de jurisdicción en favor de “jueces extranjeros o de árbitros que actúen fuera de la República” no se aplica “en los casos en que los tribunales argentinos tienen jurisdicción exclusiva o cuando la prórroga está prohibida por ley”. Bastaría con una ley de artículo único, que volviera a la redacción histórica del Código Procesal para poner en crisis esta industria del juicio contra el Estado ante árbitros parciales y no sujetos a control alguno, como denunció el ex juez de la Corte Suprema Héctor Masnatta en una presentación en la que consiguió que por disposición del juez argentino Ernesto Marinelli la Cámara de Comercio Internacional de París suspendiera el arbitraje por Yacyretá, en 2005.
La puerta de servicio
En 1984, mientras la Comisión del Congreso que investigaba la ruinosa estatización de la compañía Italo de electricidad allanó el estudio de Guillermo Walter Klein y Héctor Mairal, por la puerta y la escalera de servicio escaparon José Alfredo Martínez de Hoz (h.) y Mariano Grondona (h.) con dos valijas cargadas de documentación. Klein fue secretario de Planificación de Martínez de Hoz. El funcionario del ministerio de Economía Juan Carlos Casariego de Bel, quien sostenía que la Italo no valía más de ocho millones de dólares, desapareció el 15 de junio de 1977, cuando iba a encontrarse con él. El Estado terminó pagando por la empresa 400 millones de dólares. Dos centenares de carpetas sustraídas por Martínez de Hoz y Grondona fueron recuperadas luego en el domicilio de un familiar y permitieron reconstruir también la operatoria de fuga de capitales realizada a través de ese y de otros estudios jurídicos, por la que el dinero de argentinos depositado en bancos del exterior se contabilizaba como préstamos que, una vez estatizados, engrosaron la deuda externa que condicionó el desenvolvimiento de la economía al concluir la dictadura. El 27 de abril de 1976, Videla y Martínez de Hoz crearon nueve comisiones asesoras honorarias encargadas de proponer soluciones a los litigios con grandes empresas, la mayoría extranjeras. También entonces el Colegio de Abogados de la Calle Montevideo fue la cantera de reclutamiento para el aporte civil a estas comisiones. En tres de ellas fueron designados sus miembros Alberto Rodríguez Galán (Siemens), Alejandro Lastra (Shell) y Horacio García Belsunce (Compañía Azucarera Tucumana). Además, en cada comisión había un coronel, un capitán de navío y un comodoro con aptitud especial en negocios. Al presentarlas, Martínez de Hoz dijo que esos litigios no debían ser “fácil pasto para la demagogia hecha a expensas de los verdaderos y sanos intereses del país, que están por encima de los intereses sectoriales”. Hasta su designación como ministro de Economía, Martínez de Hoz presidió la Italo. Por esa razón se excusó de intervenir. Sin embargo, la comisión investigadora estableció que el ministro impartió directivas y orientó el trabajo del que por razones éticas no podía participar y que constituye un modelo histórico de prevalencia del interés sectorial sobre el nacional. Ahora su hijo homónimo y el de Mariano Grondona exigieron 1800 millones de dólares en nombre de la eléctrica chilena Enersis y 480 millones en representación de la petrolera alemana Wintershall. Este último caso fue rechazado porque no se agotaron primero los recursos internos. Rodolfo Barra representa ante el Ciadi a dos grupos de bonistas italianos que reclaman 21 millones de euros y medio millón de dólares. Entre tantos cargos públicos olvidó que su paso por la Corte Suprema de Justicia lo inhibe moralmente de litigar contra el Estado Nacional, como le recordaron a Gustavo Bossert cuando firmó un dictamen técnico, que Telefónica usó contra la Argentina en el Ciadi. Como experto o testigo figura el constitucionalista Alberto Angel Bartolomé Bianchi, quien en la década anterior fue procesado junto con Barra por un juicio en el que la provincia de Catamarca, a la que representaban, les reprochó haber actuado a favor de la contraparte. El mismo Bianchi, junto con Héctor Mairal, actúa en la demanda por 4500 millones de dólares iniciada por Giovanna Beccara y otros bonistas italianos. Mairal&O’Farrell es el estudio que representa a British Gas, que reclamó 238 millones de dólares más interés compuesto por la devaluación sin ajuste tarifario y a las eléctricas chilenas, en otro caso en el que Bianchi es testigo. El ex secretario de la Corte Guido Tawill es uno de los representantes del estudio Bomchil que lleva algunos de los casos de mayor envergadura patrimonial: el de Azurix contra la provincia de Buenos Aires (por 566 millones de dólares); el de Enron (639 millones de dólares), Camuzzi Internacional, controlante de las distribuidoras Gas del Sur y Gas Pampeana (337 millones de dólares); el de CMS Gas Transmisson, (243,6 millones de dólares). También figuran en forma destacada en la lista los ex socios Emilio Cárdenas y Juan Carlos Cassagne, quienes pidieron 600 millones de dólares para el Bank of Nova Scotia. Cassagne colaboró con Barra y con Roberto Dromi en el diseño de las privatizaciones de los ’90.
Cuestión de eficacia
Fores es una institución de lobby creada en octubre de 1976, según sus propias declaraciones para enfrentar “la campaña antiargentina”, en sintonía con “el espíritu que guía al Proceso de Reorganización Nacional”. Sus estatutos contemplan que en caso de disolución sus bienes pasarán al Colegio de Abogados de la Calle Montevideo. Uno de sus fundadores fue Jaime Lamont Smart, quien como ministro bonaerense de gobierno patrocinó las Conferencias sobre la Reforma Judicial que organizó Fores en 1977 y 1978, presididas por los generales Albano Harguindeguy, Manuel Ibérico Saint Jean y Oscar Alfredo Saint Jean y auspiciadas por Acindar y la embajada de los Estados Unidos. “Se ha ganado una guerra y se está alcanzando la paz, a la que contribuimos”, sostuvo el presidente de Fores en las de 1978, luego de fustigar como “factor político espurio al poder sindical, al exagerado crecimiento de las funciones del Estado”. Explicó así la participación de Fores en la formulación del plan político de la Junta Militar: “Los hombres de derecho debemos hacer un imprescindible aporte a los hombres de armas”. En 1979 Fores informó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que en la Argentina la justicia era “independiente como nunca antes”. En marzo de 2007, en cambio, sostuvo que el Poder Ejecutivo amenazaba y presionaba a los jueces y ponía en peligro la independencia judicial. El 16 de septiembre de 1979, el presidente del Colegio de Abogados de la Calle Montevideo, Manuel V. Ordóñez, dijo que la situación de los derechos humanos era mucho peor en los Estados Unidos que en la Argentina, porque “no hay cientos sino miles de presos políticos”. Según contó en el juicio a las juntas en 1985, agradeció al gobierno militar “que hubiera vencido a la subversión”. Su compañero de directiva Ernesto O’Farrell sostuvo que “el país sufrió una agresión terrorista de magnitud desconocida y que las Fuerzas Armadas procedieron en forma eficaz”. Ese tiempo pasado fue mejor: el 3 de marzo de este año el Colegio de Abogados de la Calle Montevideo afirmó que la investigación del Consejo de la Magistratura sobre ocho jueces de la Cámara de Casación por demorar causas sobre la represión agraviaba la independencia del Poder Judicial.
A la derecha de la dictadura
En 1983 el presidente de Fores Horacio M. Lynch, publicó en la revista del Colegio de Abogados un elogio de la justicia sudafricana del apartheid y de “la férrea posición anticomunista de su gobierno, jaqueado por vecinos entregados a la órbita soviética”. A la derecha de la propia dictadura, en 1983 Fores cuestionó el Documento Final firmado por la última Junta Militar, porque no analizó “las razones de la renuncia a las vías legales para reprimir”. Con toda coherencia reclamó la estabilidad de los jueces designados por las Fuerzas Armadas y llegó a sostener que “jamás los jueces actuaron con tanta libertad como durante el Proceso de Reorganización Nacional”. En 1985, Fores publicó un libro reivindicativo de la represión ilegal titulado Definitivamente nunca más, la otra cara de la Conadep, en el que afirmó que “los maestros que envenenan la mente” son los responsables cuando un grupo armado “arranca a un muchacho de su casa y lo acribilla a balazos”. Quienes hoy escriben “en las paredes consignas terroristas, morirán abatidos por las fuerzas de seguridad. ¿Estos solos serán los asesinos?”. El informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas le pareció ideológico, incompleto y deficitario, porque no explica el fenómeno de la violencia subversiva y presenta a las víctimas como “personas inocentes”. Desde que Néstor Kirchner llegó a la presidencia, Fores se opuso a todas sus iniciativas en materia de economía, justicia y seguridad, e impugnó los pliegos con las designaciones de Esteban Righi (la Ley de Amnistía de 1973 y la disolución del Camarón Federal en lo Penal “destruyeron las vías legales de combate al terrorismo, contribuyendo a la posterior represión ilegal”), Raúl Zaffaroni (“centra su preocupación en los derechos de los imputados”) y Carmen Argibay (“realizó imprudentes declaraciones periodísticas sobre el aborto”).
La nueva generación
El ex director académico de Fores e investigador senior de la Asociación Civil Unidos por la Justicia, Germán Garavano, es el Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, propuesto por el bloque macrista. Unidos por la Justicia fue fundada en 2003 por el empresario De Narváez, como parte de su desembarco político. Además la Fundación Creer y Crecer, que De Narváez creó a principios de siglo y que compartió durante los primeros años con Macri, financió una investigación de Fores, dirigida por Garavano, sobre las Condiciones Legales para el Desarrollo Económico y Social y las regulaciones estatales que obstaculizarían el crecimiento, y otra dirigida por el actual presidente del Colegio de Abogados de la Calle Montevideo, Enrique V. Del Carril, y por su antecesor, Horacio M. Lynch, sobre reforma del Poder Judicial. Garavano ni siquiera se privó de participar en un seminario sobre “Areas urbanas fuera de control: la experiencia de Río de Janeiro” junto a Julio Alberto Cirino, el ex agente del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército que durante la dictadura fue enlace con la embajada de los Estados Unidos, reconvertido luego en conferencista sobre seguridad y terrorismo, hasta su detención en noviembre pasado para responder por los crímenes de lesa humanidad que para el Colegio de Abogados de la Calle Montevideo constituyen “un concepto impreciso”.
//
La justicia se ocupa a ritmo cansino de los responsables militares pero sus socios civiles prosiguen la destrucción del Estado. Abogados de las entidades que justificaron los crímenes de lesa humanidad actúan contra la Argentina en el tribunal arbitral del Banco Mundial (Ciadi). Mano dura con los piqueteros pero apoyo a las patronales agropecuarias. El quien es quien del establishment jurídico que postró al país. Mañana: los bancos que financiaron el terror. Una investigación reveladora.
Por Horacio Verbitsky
Las empresas extranjeras que demandaron a la Argentina ante el Ciadi, la Cámara de Comercio Internacional de París y la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional exigen el pago de por lo menos 14.047 millones de dólares, más los intereses correspondientes a los años transcurridos desde la devaluación de 2002. El cálculo es intrincado porque cada contrato fija condiciones diferentes, pero según distintas fórmulas podrían oscilar entre 3000 y 11.000 millones de dólares más. Los casos en los que ya se produjeron condenas contra la Argentina ascienden a 1155 millones de dólares, más los intereses. Otros han sido suspendidos por acuerdo entre las partes que negocian nuevos contratos y algunos fallados a favor del país. Con escasas excepciones los abogados que patrocinan a esas empresas son directivos o miembros del Colegio de Abogados de la Calle Montevideo y del Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia, Fores, dos entidades que participaron en forma activa en el sostén de la dictadura militar de cuya implantación se cumplirán en pocos días 33 años y cuyos directivos han recibido financiamiento para investigaciones académicas de la Fundación Creer y Crecer, el equipo intelectual que desde principios de siglo preparó el desembarco político de Maurizio Macri y Francisco de Narváez. En el cuadro que acompaña esta nota se publica por primera vez completa la nómina de esos abogados y su pertenencia a aquellas organizaciones de lobby económico y difusión ideológica, desde las cuales se defiende hasta hoy la impunidad para los crímenes del terrorismo de Estado, la política económica del neoliberalismo y la represión de sus consecuencias sociales, salvo que se trate de las acciones directas emprendidas por las cámaras patronales agropecuarias. El cuadro también incluye a los abogados que actuaron como testigos y peritos en contra del Estado Nacional. En 1976 el Colegio de Abogados de la Calle Montevideo sostuvo que las Fuerzas Armadas salvaron a la República, cuando “había vacancia de poder y un vaciamiento de la Patria, tanto moral como político y económico”. El 6 de marzo de 1981, cuando el presidente de facto Jorge Videla dejó el gobierno, el Colegio destacó “la independencia con que han actuado los jueces”. Pero en mayo de 2005, cuando el Procurador del Tesoro de la Nación, Osvaldo Guglielmino, amagó identificar a quienes litigan contra el Estado en el Ciadi, el Colegio de Abogados de la Calle Montevideo dijo que eso afectaría “sus derechos de defensa y el libre ejercicio de la profesión” y “atentaría contra el régimen democrático” y la posibilidad de resistir “la prepotencia estatal”. ¿Nostalgia por la clandestinidad de la dictadura, tal vez?
Hecha la ley
Ciadi es la sigla del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, creado por el Banco Mundial en 1967. Su secretario general es el ex primer ministro del Perú Bobby Dañino (sic). La legislación que permitió derivar a ese organismo la jurisdicción y la competencia que correspondían a los tribunales argentinos fue una de las primeras decisiones adoptadas por la Junta Militar en 1976, que con ese fin modificó el artículo 1 del Código Procesal Civil y Comercial. Su redacción histórica impedía la actuación en los asuntos patrimoniales “de jueces extranjeros o de árbitros que actúen fuera de la República”. En abril de 1976 el gobierno militar suprimió tal limitación. Ese decreto de un solo artículo se conoce como “Ley Nº 21.305” y fue fundamentado en la necesidad de “promover la cooperación económica y el comercio”. Al mismo tiempo se anuló el impuesto a la herencia, días después de que muriera el padre del ministro de economía José Alfredo Martínez de Hoz. Su hijo homónimo es el director de la revista del Colegio de Abogados de la Calle Montevideo, donde firmó un artículo en defensa de ese sistema de arbitraje, que se consolidó con los tratados bilaterales de protección de inversiones (TPI) firmados durante el gobierno de Carlos Menem. Según Martínez de Hoz (h.) las obligaciones que surgen del Ciadi tienen carácter multilateral, sus laudos son autosuficientes y no pueden ser impugnados ante los tribunales locales. Por eso, agrega, no puede aplicárseles la doctrina de la Corte Suprema de Justicia en el caso Cartellone, de 2004, “argumentando que son contrarios a la Constitución Nacional o al ordenamiento jurídico interno del país receptor de la inversión”. Por el contrario, Martínez de Hoz (h.) sostiene que un laudo del Ciadi podrá ser invocado como defensa ante una acción dentro del país. Se basa en un nuevo decreto, que el dictador Roberto Viola firmó en 1981 y que ningún gobierno constitucional modificó, por el cual la prórroga de jurisdicción en favor de “jueces extranjeros o de árbitros que actúen fuera de la República” no se aplica “en los casos en que los tribunales argentinos tienen jurisdicción exclusiva o cuando la prórroga está prohibida por ley”. Bastaría con una ley de artículo único, que volviera a la redacción histórica del Código Procesal para poner en crisis esta industria del juicio contra el Estado ante árbitros parciales y no sujetos a control alguno, como denunció el ex juez de la Corte Suprema Héctor Masnatta en una presentación en la que consiguió que por disposición del juez argentino Ernesto Marinelli la Cámara de Comercio Internacional de París suspendiera el arbitraje por Yacyretá, en 2005.
La puerta de servicio
En 1984, mientras la Comisión del Congreso que investigaba la ruinosa estatización de la compañía Italo de electricidad allanó el estudio de Guillermo Walter Klein y Héctor Mairal, por la puerta y la escalera de servicio escaparon José Alfredo Martínez de Hoz (h.) y Mariano Grondona (h.) con dos valijas cargadas de documentación. Klein fue secretario de Planificación de Martínez de Hoz. El funcionario del ministerio de Economía Juan Carlos Casariego de Bel, quien sostenía que la Italo no valía más de ocho millones de dólares, desapareció el 15 de junio de 1977, cuando iba a encontrarse con él. El Estado terminó pagando por la empresa 400 millones de dólares. Dos centenares de carpetas sustraídas por Martínez de Hoz y Grondona fueron recuperadas luego en el domicilio de un familiar y permitieron reconstruir también la operatoria de fuga de capitales realizada a través de ese y de otros estudios jurídicos, por la que el dinero de argentinos depositado en bancos del exterior se contabilizaba como préstamos que, una vez estatizados, engrosaron la deuda externa que condicionó el desenvolvimiento de la economía al concluir la dictadura. El 27 de abril de 1976, Videla y Martínez de Hoz crearon nueve comisiones asesoras honorarias encargadas de proponer soluciones a los litigios con grandes empresas, la mayoría extranjeras. También entonces el Colegio de Abogados de la Calle Montevideo fue la cantera de reclutamiento para el aporte civil a estas comisiones. En tres de ellas fueron designados sus miembros Alberto Rodríguez Galán (Siemens), Alejandro Lastra (Shell) y Horacio García Belsunce (Compañía Azucarera Tucumana). Además, en cada comisión había un coronel, un capitán de navío y un comodoro con aptitud especial en negocios. Al presentarlas, Martínez de Hoz dijo que esos litigios no debían ser “fácil pasto para la demagogia hecha a expensas de los verdaderos y sanos intereses del país, que están por encima de los intereses sectoriales”. Hasta su designación como ministro de Economía, Martínez de Hoz presidió la Italo. Por esa razón se excusó de intervenir. Sin embargo, la comisión investigadora estableció que el ministro impartió directivas y orientó el trabajo del que por razones éticas no podía participar y que constituye un modelo histórico de prevalencia del interés sectorial sobre el nacional. Ahora su hijo homónimo y el de Mariano Grondona exigieron 1800 millones de dólares en nombre de la eléctrica chilena Enersis y 480 millones en representación de la petrolera alemana Wintershall. Este último caso fue rechazado porque no se agotaron primero los recursos internos. Rodolfo Barra representa ante el Ciadi a dos grupos de bonistas italianos que reclaman 21 millones de euros y medio millón de dólares. Entre tantos cargos públicos olvidó que su paso por la Corte Suprema de Justicia lo inhibe moralmente de litigar contra el Estado Nacional, como le recordaron a Gustavo Bossert cuando firmó un dictamen técnico, que Telefónica usó contra la Argentina en el Ciadi. Como experto o testigo figura el constitucionalista Alberto Angel Bartolomé Bianchi, quien en la década anterior fue procesado junto con Barra por un juicio en el que la provincia de Catamarca, a la que representaban, les reprochó haber actuado a favor de la contraparte. El mismo Bianchi, junto con Héctor Mairal, actúa en la demanda por 4500 millones de dólares iniciada por Giovanna Beccara y otros bonistas italianos. Mairal&O’Farrell es el estudio que representa a British Gas, que reclamó 238 millones de dólares más interés compuesto por la devaluación sin ajuste tarifario y a las eléctricas chilenas, en otro caso en el que Bianchi es testigo. El ex secretario de la Corte Guido Tawill es uno de los representantes del estudio Bomchil que lleva algunos de los casos de mayor envergadura patrimonial: el de Azurix contra la provincia de Buenos Aires (por 566 millones de dólares); el de Enron (639 millones de dólares), Camuzzi Internacional, controlante de las distribuidoras Gas del Sur y Gas Pampeana (337 millones de dólares); el de CMS Gas Transmisson, (243,6 millones de dólares). También figuran en forma destacada en la lista los ex socios Emilio Cárdenas y Juan Carlos Cassagne, quienes pidieron 600 millones de dólares para el Bank of Nova Scotia. Cassagne colaboró con Barra y con Roberto Dromi en el diseño de las privatizaciones de los ’90.
Cuestión de eficacia
Fores es una institución de lobby creada en octubre de 1976, según sus propias declaraciones para enfrentar “la campaña antiargentina”, en sintonía con “el espíritu que guía al Proceso de Reorganización Nacional”. Sus estatutos contemplan que en caso de disolución sus bienes pasarán al Colegio de Abogados de la Calle Montevideo. Uno de sus fundadores fue Jaime Lamont Smart, quien como ministro bonaerense de gobierno patrocinó las Conferencias sobre la Reforma Judicial que organizó Fores en 1977 y 1978, presididas por los generales Albano Harguindeguy, Manuel Ibérico Saint Jean y Oscar Alfredo Saint Jean y auspiciadas por Acindar y la embajada de los Estados Unidos. “Se ha ganado una guerra y se está alcanzando la paz, a la que contribuimos”, sostuvo el presidente de Fores en las de 1978, luego de fustigar como “factor político espurio al poder sindical, al exagerado crecimiento de las funciones del Estado”. Explicó así la participación de Fores en la formulación del plan político de la Junta Militar: “Los hombres de derecho debemos hacer un imprescindible aporte a los hombres de armas”. En 1979 Fores informó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que en la Argentina la justicia era “independiente como nunca antes”. En marzo de 2007, en cambio, sostuvo que el Poder Ejecutivo amenazaba y presionaba a los jueces y ponía en peligro la independencia judicial. El 16 de septiembre de 1979, el presidente del Colegio de Abogados de la Calle Montevideo, Manuel V. Ordóñez, dijo que la situación de los derechos humanos era mucho peor en los Estados Unidos que en la Argentina, porque “no hay cientos sino miles de presos políticos”. Según contó en el juicio a las juntas en 1985, agradeció al gobierno militar “que hubiera vencido a la subversión”. Su compañero de directiva Ernesto O’Farrell sostuvo que “el país sufrió una agresión terrorista de magnitud desconocida y que las Fuerzas Armadas procedieron en forma eficaz”. Ese tiempo pasado fue mejor: el 3 de marzo de este año el Colegio de Abogados de la Calle Montevideo afirmó que la investigación del Consejo de la Magistratura sobre ocho jueces de la Cámara de Casación por demorar causas sobre la represión agraviaba la independencia del Poder Judicial.
A la derecha de la dictadura
En 1983 el presidente de Fores Horacio M. Lynch, publicó en la revista del Colegio de Abogados un elogio de la justicia sudafricana del apartheid y de “la férrea posición anticomunista de su gobierno, jaqueado por vecinos entregados a la órbita soviética”. A la derecha de la propia dictadura, en 1983 Fores cuestionó el Documento Final firmado por la última Junta Militar, porque no analizó “las razones de la renuncia a las vías legales para reprimir”. Con toda coherencia reclamó la estabilidad de los jueces designados por las Fuerzas Armadas y llegó a sostener que “jamás los jueces actuaron con tanta libertad como durante el Proceso de Reorganización Nacional”. En 1985, Fores publicó un libro reivindicativo de la represión ilegal titulado Definitivamente nunca más, la otra cara de la Conadep, en el que afirmó que “los maestros que envenenan la mente” son los responsables cuando un grupo armado “arranca a un muchacho de su casa y lo acribilla a balazos”. Quienes hoy escriben “en las paredes consignas terroristas, morirán abatidos por las fuerzas de seguridad. ¿Estos solos serán los asesinos?”. El informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas le pareció ideológico, incompleto y deficitario, porque no explica el fenómeno de la violencia subversiva y presenta a las víctimas como “personas inocentes”. Desde que Néstor Kirchner llegó a la presidencia, Fores se opuso a todas sus iniciativas en materia de economía, justicia y seguridad, e impugnó los pliegos con las designaciones de Esteban Righi (la Ley de Amnistía de 1973 y la disolución del Camarón Federal en lo Penal “destruyeron las vías legales de combate al terrorismo, contribuyendo a la posterior represión ilegal”), Raúl Zaffaroni (“centra su preocupación en los derechos de los imputados”) y Carmen Argibay (“realizó imprudentes declaraciones periodísticas sobre el aborto”).
La nueva generación
El ex director académico de Fores e investigador senior de la Asociación Civil Unidos por la Justicia, Germán Garavano, es el Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, propuesto por el bloque macrista. Unidos por la Justicia fue fundada en 2003 por el empresario De Narváez, como parte de su desembarco político. Además la Fundación Creer y Crecer, que De Narváez creó a principios de siglo y que compartió durante los primeros años con Macri, financió una investigación de Fores, dirigida por Garavano, sobre las Condiciones Legales para el Desarrollo Económico y Social y las regulaciones estatales que obstaculizarían el crecimiento, y otra dirigida por el actual presidente del Colegio de Abogados de la Calle Montevideo, Enrique V. Del Carril, y por su antecesor, Horacio M. Lynch, sobre reforma del Poder Judicial. Garavano ni siquiera se privó de participar en un seminario sobre “Areas urbanas fuera de control: la experiencia de Río de Janeiro” junto a Julio Alberto Cirino, el ex agente del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército que durante la dictadura fue enlace con la embajada de los Estados Unidos, reconvertido luego en conferencista sobre seguridad y terrorismo, hasta su detención en noviembre pasado para responder por los crímenes de lesa humanidad que para el Colegio de Abogados de la Calle Montevideo constituyen “un concepto impreciso”.
//
domingo, 8 de marzo de 2009
MENSAJES DEL ALMA - LEÓN GIECO
En mi país por año hay 15 mil chicos que vuelan
como angelitos con sus alas por el buen aire
con la suerte y la calma de no haber conocido nada
para seguir siendo buenos quizás Dios robó esas almas
Que piensas cuando te hablo de todo lo que paso
viste que todas las cosas se saben con el tiempo
suelto y aún viviendo el católico que bendijo
ya perdió hace mucho tiempo su lugar en el cielo
Todos los días que te lleve saber como esto fue
te servirá para ser en otro tiempo algo más libre
Son las únicas palabras que te pido escuchar
si no me muero de verguenza hoy aca
a todos por igual alguien nos espera
y de cualquier manera llorarás
Que dignidad tan grande la de creer siempre en la vida
con solo ver una flor brotando entre las ruinas
Tu canción fue la rueda de los días que siguieron
tu canción fue mas lejos que la muerte que te hicieron
no tengas miedo ya dimos la vuelta al espanto
un viento algo más calmo se viene anunciando
El polvo de estas calles pone a santo con represor
pone al inocente en pena y despierta al asesino
témpano del olvido y de nunca decir nada
cuantas mirandas caídas sin ver que es lo que pasa
ningún dolor se siente mientras le toque al vecino
el que manda a matar es para sentirse mas vivo
Son mensajes del alma
herida pero bien clara sobre lo cobarde toda la verdad
ángel rubio de la muerte de que poco te sirvió
el himno, Jesús, la bandera, y el sol que te vió.
como angelitos con sus alas por el buen aire
con la suerte y la calma de no haber conocido nada
para seguir siendo buenos quizás Dios robó esas almas
Que piensas cuando te hablo de todo lo que paso
viste que todas las cosas se saben con el tiempo
suelto y aún viviendo el católico que bendijo
ya perdió hace mucho tiempo su lugar en el cielo
Todos los días que te lleve saber como esto fue
te servirá para ser en otro tiempo algo más libre
Son las únicas palabras que te pido escuchar
si no me muero de verguenza hoy aca
a todos por igual alguien nos espera
y de cualquier manera llorarás
Que dignidad tan grande la de creer siempre en la vida
con solo ver una flor brotando entre las ruinas
Tu canción fue la rueda de los días que siguieron
tu canción fue mas lejos que la muerte que te hicieron
no tengas miedo ya dimos la vuelta al espanto
un viento algo más calmo se viene anunciando
El polvo de estas calles pone a santo con represor
pone al inocente en pena y despierta al asesino
témpano del olvido y de nunca decir nada
cuantas mirandas caídas sin ver que es lo que pasa
ningún dolor se siente mientras le toque al vecino
el que manda a matar es para sentirse mas vivo
Son mensajes del alma
herida pero bien clara sobre lo cobarde toda la verdad
ángel rubio de la muerte de que poco te sirvió
el himno, Jesús, la bandera, y el sol que te vió.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)