A 33 años del inicio de la última dictadura militar

JUSTICIA Y DEMOCRACIA EN ARGENTINA

Declaración de la Comisión Provincial por la Memoria
-Los juicios por delitos de lesa humanidad, cometidos en el marco del terrorismo de estado, constituyen un valor ético fundamental e irrenunciable para los argentinos, requieren de un compromiso público por parte de todas las fuerzas sociales y políticas para sostener y profundizar con la mayor celeridad este necesario proceso para toda la sociedad argentina. -En reiteradas oportunidades hemos manifestado nuestra profunda preocupación por dilaciones y retrasos que acechan a los juicios contra represores, implicando el riesgo de tornar ilusoria la justicia para una importante cantidad de víctimas. El principio procesal de celeridad, además de un criterio jurídico, debe ser indudablemente un elevado compromiso por parte de todos los poderes del estado y actores de este proceso máxime cuándo en la Argentina, durante más de treinta años permanecieron ocluidos los caminos de la justicia. En el juzgamiento de los delitos de lesa humanidad el principio de imprescriptibilidad debe ir de la mano con el de celeridad. -El debate público en torno de este tema protagonizado por representantes de los tres poderes debe ser una oportunidad para poner en marcha un ámbito de decisiones que permita ofrecer las respuestas necesarias. Ni la Corte, ni el Poder Ejecutivo, ni el Poder Legislativo pueden desentenderse de sus responsabilidades. Es en ese ámbito y a través de la cooperación de poderes, que deben buscarse los mecanismos para agilizar los procesos, evitar la fragmentación de los juicios, dotarlos de los recursos e infraestructura necesarios, garantizar la efectiva y amplia publicidad de las audiencias y promover las sanciones que correspondan a los magistrados que mediante argucias formales dilaten las causas, permitiendo que el simple paso del tiempo consagre la impunidad. -La creación de nuevos tribunales y la designación de jueces recientemente anunciadas, constituyen una renovada oportunidad para mejorar la calidad institucional del Poder Judicial y el real compromiso de la magistratura con el cumplimiento de los principios consagrados por los pactos internacionales sobre Derechos Humanos ratificados por la Argentina. -Desde la reapertura de las causas penales, se produjeron 44 condenas. Hay actualmente 547 represores procesados. De ellos sólo 388 están detenidos y 47 permanecen prófugos. Apenas cuatro juicios están previstos para el 2009. Estos datos dan cuenta de la ausencia de una estrategia global para la implementación de los juicios por delitos de lesa humanidad. Pero la lentitud y fragmentación de los procesos sumados al accionar dilatorio y en muchos casos, a la afinidad ideológica de los magistrados con los represores, tienen ya una grave consecuencia: las excarcelaciones de criminales de lesa humanidad. -Las excarcelaciones dispuestas por la Cámara de Casación Penal en diciembre de 2008 en beneficio de Astiz y Acosta, generaron una inmediata reacción política y el unánime repudio social. Ambas se frustraron ante la rápida apelación fiscal y el pedido de juicio político a los jueces responsables de la medida. Sin embargo las excarcelaciones y los pedidos de libertad se siguen produciendo silenciosamente o están en instancia de apelación. Para citar sólo un ejemplo, que corresponde al circuito represivo de La Plata: todos los imputados por el centro clandestino de Arana fueron liberados. Es curioso que el beneficio que se le niega a los presos comunes imputados por delitos de menor envergadura, se les otorgue a los responsables de los más atroces crímenes contra la humanidad, con el riesgo de frustrar el proceso penal. Invierte todos los principios básicos de una justicia democrática, que los procesados por asesinatos, desapariciones y torturas durante el terrorismo de Estado esperen en libertad el juicio oral, mientras miles de detenidos comunes, sólo en la provincia de Buenos Aires, pasan en promedio, entre 3 y 4 años privados de su libertad y sin condena firme. -Entendemos que definir una política pública que sustente la continuidad de los juicios y haga efectivo el principio de justicia para las víctimas significa atender las peculiaridades de juzgar delitos de lesa humanidad treinta años después de perpetrados. La recuperación de los archivos existentes relacionados con la represión es parte de un camino que la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires viene transitando hace 10 años. Un informe pormenorizado de los aportes más importantes que, desde el Archivo de la DIPBA, hemos realizado a la justicia fue entregado recientemente a la Procuración General de la Nación y también será oportunamente entregado al resto de los poderes y actores de estos procesos. Se han realizado hasta el momento 2014 informes a requisitoria de la justicia y se aportó documentación, entre otras, a las causas que se llevan adelante en torno a Campo de Mayo, Arana, Brigada de Investigaciones de La Plata, Hospital Posadas, Contraofensiva, Patti, La Cacha. -Resulta preocupante que la investigación sobre la desaparición de Jorge Julio López vuelva a estar nuevamente paralizada y entrampada por diversos incidentes judiciales. Tras la excusación del Juez Corazza, fue desplazada de la investigación la Secretaría especial con cuya intervención se habían logrado en pocos meses significativos avances. Un cambio de Secretaría dejaría truncas importantes medidas de prueba e implicaría un nuevo e intolerable retraso para una investigación judicial que desde hace dos años y medio no logra determinar quiénes fueron los ejecutores y quiénes los instigadores de la desaparición de Jorge Julio Lopez. -La memoria del terrorismo de estado y el camino transitado en estos 33 años de reclamo de verdad y justicia, renuevan nuestro compromiso con la agenda de derechos humanos del tiempo que nos toca transitar. Observamos con preocupación una opinión pública permeable a los discursos que desde la plataforma de la inseguridad pregonan el miedo, el encierro y la estigmatización de los sectores más vulnerables. En la provincia de Buenos Aires en particular, hemos advertido sobre las consecuencias de endurecer aún más un sistema penal que lejos de garantizar la igualdad de acceso a la justicia, tiende a profundizar la exclusión y criminalizar la pobreza. Una política de seguridad seria debe empezar por reconocer que el delito y la violencia tienen raíces complejas, tanto sociales como institucionales: la desintegración de lazos sociales, el desempleo, la exclusión, la corrupción y las falencias policiales y judiciales. El impulso de políticas represivas por sobre las orientadas a la equidad social y la redistribución de la riqueza, sólo contribuirá a alimentar la espiral de violencia e injusticia. COMISION POR LA MEMORIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES:Adolfo Pérez Esquivel, Hugo Cañón, Laura Conte, Aldo Etchegoyen, Víctor Mendibil, Mauricio Tenembaun, Elisa Carca, Víctor De Gennaro, Elizabeth Rivas, Susana Méndez, Fortunato Mallimacci, Daniel Goldman, Luis Lima, Roberto Tito Cossa, Martha Pelloni, Mempo Giardinelli, Carlos Sanchez Viamonte, Verónica Piccone, Emilce Moler, Miguel Hesayne.